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Participación empresarial, fundamental para contribuir a desmantelar las redes de corrupción en el país

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  • El coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI dijo que se debe tener plena conciencia del alcance que tiene el derecho de acceso, así como del potencial de control democrático de la transparencia
  • En Los Mochis, participó en el Encuentro Empresarial 2017, convocado por la Coparmex

Los Mochis, Sinaloa.- El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, hizo un llamado a los empresarios a hacer uso de su derecho de acceso a la información para desmantelar las redes de corrupción en el país.

Señaló que, en los últimos 14 años, la transparencia ha servido para evidenciar que la corrupción era estructural al sistema político, lo que ha generado toda una movilización para que ésta no quede impune.

“Entonces, el indicador debe de ser cuantas redes ya se desmantelaron de corrupción. El tema es qué hacemos para que se empiecen a desmantelar esas redes y el tema de fondo es cómo utilizamos estratégicamente la información y ahí, cada quien, se vuelve potencialmente un investigador, porque cada quien, en sus actividades cotidianas, sabe en dónde están las oportunidades de corrupción”, afirmó.

Al participar en el “Foro Anticorrupción” dentro del Encuentro Empresarial 2017, convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Los Mochis, Salas Suárez insistió en la necesidad de hacer uso del derecho de acceso a la información, al recordar que el Pleno del INAI ha resuelto abrir información del caso Odebrecht.

Recordó que, en Sinaloa, una organización de la sociedad civil local, ha realizado un trabajo importante sobre las contrataciones públicas.

“Ya que se allegaron de toda esta información sobre la forma en cómo se están contratando y desarrollando las obras públicas, pues hagan piezas que se conviertan prácticamente en denuncias”, enfatizó.

El comisionado del INAI indicó que los casos Borge y Duarte, se detonaron después de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil.

“Y el hacer visibles esos problemas y esas redes, fue que arrancó la actuación de la autoridad. El tema de fondo es que nos indignamos, pero sólo le damos “like” o le damos “retweet” y ahí nos quedamos. No tenemos plena conciencia del alcance que tiene el derecho de acceso a la información y el potencial de control democrático que tiene la transparencia”, manifestó.

En es ese sentido, Joel Salas llamó a desafiar la independencia de las instituciones para que garanticen los derechos que tutelan.

“Entren en contacto con su órgano garante, hagan uso de su derecho de acceso a la información, si no les responden, interpongan su recurso de revisión, y si no están conformen con la respuesta, hoy gracias a la reforma constitucional, se pueden venir con nosotros al INAI, y tengan armado un paquete de información pública donde se presume que hay actos de corrupción, para cuando quede instalado su sistema local anticorrupción. Ya tenemos claras reglas de acceso al poder, lo que importa ahora es controlar el ejercicio del poder: lo electoral no debe nulificar la agenda anticorrupción”, concluyó el coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI.

En el foro participaron, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); y Valeriano Suárez, vicepresidente nacional de Coparmex, quien fungió como moderador

En su participación Eduardo Bohórquez expuso que “el principal indicador de desempeño del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es el número de redes de corrupción desmanteladas cada año. Además de sancionar funcionarios –enfatizó- el sistema tendrá la obligación de identificar y sancionar a funcionarios o empresas que protegieron o participaron en los actos de corrupción.”

Por su parte, Luis Manuel Pérez de Acha afirmó que «en el Comité de Participación Ciudadana estamos interesados en la correcta implementación de todos los Sistemas Locales Anticorrupción, el presupuesto que cada entidad federativa les asignará y la idoneidad de los nombramientos que recaigan tanto en funcionarios como en ciudadanos. Aparejado a ello, estamos evaluando vías legales para obligar a los estados a que lo hagan conforme lo manda la Constitución Federal y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Una de las vías que estamos evaluando es, incluso, la promoción de amparos».

Por último, el moderador, Valeriano Suárez concluyó “el desafío de ambos del SNA y del Sistema Nacional de Transparencia es canalizar la indignación social a los sistemas locales anticorrupción.”