- En la Semana de Valores del Servicio Público de la Contraloría del Poder Legislativo ofrecieron conferencias el magistrado del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Alejandro Sosa, y el investigador de la UAEM, Edgar Ramón Aguilera.
Toluca, México.- Al encabezar el tercer día de actividades de la Semana de Valores en el Servicio Público, con motivo de los 25 años de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, el titular de esta dependencia, Victorino Barrios Dávalos, convocó a las autoridades municipales a “poner mucho empeño y responsabilidad” en la presentación de sus respectivos planes de desarrollo, así como en las convocatorias de elección de delegados y en la designación de cronista municipal.
Al presentar la conferencia, “El papel del magistrado para la Justicia en México”, impartida por el magistrado del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Alejandro Sosa Ortiz, destacó que todos los servidores públicos deben transitar por el camino de la justicia, con apego a la ley y respeto al ciudadano.
En su oportunidad, en la sede del Instituto de Estudios Legislativo, en presencia del vocal ejecutivo, Jorge Huízar Ríos, Alejandro Sosa explicó que el magistrado siempre debe pensar antes de condenar, pues la tarea de juzgar presupone la solución de un conflicto, en materia civil y laboral, como entre particulares, un particular o una dependencia de gobierno.
El también doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que en casos de incertidumbre, la legislación y la jurisprudencia le atribuyen la carga aprobatoria a alguno de los contendientes en el conflicto y en el caso de que alguno de ellos no logre convencer al juez con sus pruebas, se tendrá por cierta la versión del contrario y en ese aspecto se deberá resolver.
Por otro lado, durante la conferencia magistral “La justicia y sus diversas concepciones”, el investigador de la Facultad de Derecho de la UAEM, Edgar Ramón Aguilera García, aseguró que es indispensable el desarrollo de ambientes laborales donde impere la ética personal para erradicar la corrupción en las instituciones públicas y privadas.
El servicio público, agregó, debe ser entendido como “el cargo que se ocupa para compensar las desigualdades históricamente acumuladas, y no como un botín personal”, por lo que, explicó, en la impartición de justicia, tanto servidores públicos como magistrados deben de contar con la virtud de desapegarse de cuestiones económicas, personales o de intereses creados, con ello, dijo, “tendremos personas apegadas a cánones de comportamiento que les permitan actuar imparcialmente”.
En el caso de la administración de justicia, señaló que debemos de contar con magistrados cuyas resoluciones se acoplen a la norma y tengan la posibilidad de desarrollar la “sabiduría práctica” como la virtud del conocer de forma profunda los casos a su cargo y las “dos versiones del hecho para determinar sabiamente la sentencia”.
