Por: Fernando González Mejía
Pearson (servicios y contenidos educativos) plantea que las profesiones son mecanismos de control social: el abogado previene la desviación social asesorando al cliente sobre las formas de mantenerse dentro de la legalidad; el médico hace retornar al enfermo estigmatizado como desviado a la zona de la normalidad. Particularmente quiero referirme a la profesión de maestro, alguna definición dice que es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. En la sociedad actual, los maestros tienen una profesión esencial para el buen funcionamiento de la sociedad.
Con motivo de la pandemia por el coronavirus, el gobierno federal, a través de la SEP, anunció la suspensión de clases presenciales y la continuidad del ciclo con mecanismos virtuales en internet. En México solo el 60% de los mayores de 6 años tiene acceso a internet, por lo que la medida no garantiza que todos los estudiantes cumplan con sus actividades escolares. Con dicha acción los profesores siguen laborando, algunos salen a realizar procesos administrativos y otros buscan acceso a internet desde la escuela para poder atender a sus alumnos virtualmente.
Ante este panorama, me atrevo a hablar en nombre de miles de maestros de diferentes escuelas públicas -entre ellas algunas que ha promovido el Movimiento Antorchista Nacional-, pues lo que está viviendo el magisterio es un acto injusto, insensible e impúdico. El gobierno del Estado de México, el gobernador Alfredo Del Mazo, se niega a otorgar las plazas para maestros y horas clase necesarias por el evidente crecimiento de la matrícula escolar (crecimiento natural) o en escuelas de nueva creación por la justificada demanda del servicio educativo. Estas necesidades están perfectamente consideradas en los manuales de procedimiento de las Secretarías de Educación federal y estatal.
En total suman 700 profesionistas frente a grupo en espera de ser integrados al magisterio oficial, todos allegados a Antorcha Magisterial; estos maestros atienden más 852 grupos escolares en 118 instituciones públicas de 25 municipios mexiquenses, la mayoría en la Zona Oriente de la entidad.
Durante 14 años, el gobierno estatal instrumentó, a través de la Secretaría de Educación Estatal, un simbólico pago provisional a los maestros que estaban en ese legítimo y normativo estatus; el primer año de la administración del gobernador Del Mazo continuó con el pago simbólico, pero, a partir del mes de octubre del año pasado (2019), el Mandatario estatal se negó a cumplir el acuerdo con los maestros y decidió abandonar a estos 700 educadores que este mes de mayo cumplirán 8 meses sin recibir su pago, a pesar de que ellos no han dejado de cumplir sus actividades en las escuelas públicas, ni antes de la pandemia ni ahora.
Esta injusticia se ha agravado con el impacto del coronavirus. Para ilustrar la situación recurriré a una historia de primera mano. El señor Leobardo Ruíz de 49 años murió por SARS-CoV-2 el domingo 20 de abril, era padre de la maestra Silvia Ruíz, quien tiene tres ciclos escolares renovando un contrato de seis meses con Educación estatal, el llamado “interinato”; el GEM se niega a dar su plaza definitiva a pesar de que se justifica plenamente su lugar en el aula. El lunes 21 se les aplicó la prueba de Covid al resto de los familiares que habitaban con el señor Leobardo, todos resultaron positivos, 6 en total, entre ellos Silvia y su esposo, Eliseo Pérez Pascual, también maestro frente a grupo.
Eliseo Pérez tiene 5 años enlistado en ese grupo de 700 maestros a los que Del Mazo les retiró el pago simbólico; desde hace 8 meses no recibe ingreso y sigue frente a sus grupos de alumnos. Esto implica un doble daño, porque el maestro Eliseo está sin pago y con coronavirus, la pregunta es obvia: ¿cómo se quedarán Eliseo y Silvia en casa? ¿Cómo se curarán? ¿Sus medicinas para ellos, para sus hijos y familiares?
Gracias a la administración del gobierno municipal de Chimalhuacán, quien tuvo una actitud solidaria, ambos profesores contagiados, y sus familiares, fueron trasladados al Hospital General Chimalhuacán “90 camas”. Remarco el adjetivo solidaria, porque desde el momento de la manifestación del contagio del señor Leobardo, la administración municipal de Chimalhuacán se hizo cargo tanto de la hospitalización y luego de los servicios funerarios, como del pago de las pruebas a toda la familia, con la respectiva dotación de todos los medicamentos necesarios para su recuperación, a pesar de que debería ser obligación del gobierno estatal.
Paradójicamente, el maestro Juan Manuel Uribe Navarrete, secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, envió un mensaje originado por el primer caso de Covid en el magisterio oficial, disponía su buena voluntad a sus agremiados para los cuidados contra el contagio del coronavirus. Su disposición es cubrir el gasto -en promedio cuestan 4 mil pesos- de las pruebas para detectar Covid, la intervención para la pronta atención médica en los hospitales del Issemym, entre otras cosas. Pero, Silvia, Eliseo y cientos de maestros más, no pueden recibir ese apoyo sindical por decisión del gobernador Del Mazo debido a que no ha incluido a los maestros en el sistema de educación estatal, lo que significa que el Mandatario se ha negado a cumplir sus compromisos de campaña y por demeritar injustamente la valiosa profesión de los maestros en la sociedad. Ahora los maestros están contagiados por Covid y abandonados por Del Mazo. (Collage con imágenes tomadas de la Internet)
