- Señala el ombudsman que deben considerarse los valores en el diseño de las políticas públicas
Toluca, México.- El Programa de Derechos Humanos del Estado de México permitirá tener los elementos básicos para garantizar la protección en la materia, prevenir violaciones, lograr la coordinación entre los actores involucrados y generar políticas públicas a favor de los grupos vulnerables, a fin de integrar una sociedad más incluyente, tolerante, justa e igualitaria, resaltó el ombudsman Baruch Delgado Carbajal.
Durante la presentación del programa estatal, con el que se cumple lo marcado por el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y ubica a la entidad entre las primeras diez de la república en contar con éste, recalcó que actualmente no se justifica la ausencia de los derechos humanos en el diseño de políticas públicas, el cual debe considerar como hilos conductores a los principales valores que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como son los principios del respeto a la dignidad, no discriminación y la sociedad democrática.
Ante el gobernador Eruviel Ávila Villegas; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; y el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Jesús Peña Palacios, entre otras autoridades, Delgado Carbajal detalló que el Programa estatal tiene una amplia cobertura para la protección, promoción y difusión de los derechos primigenios.
Asimismo, atiende demandas a favor de diversos sectores de la población en situación de vulnerabilidad como son las mujeres, niñas, niños y adolescentes; jóvenes, población con preferencias sexuales diferentes, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores y víctimas.
Su propósito dijo, es implementar estrategias claras y puntuales para armonizar la legislación estatal a estándares internacionales, fomentar que todas las instituciones tengan servicio civil de carrera en el rubro, consolidar espacios de diálogo y comunicación entre Estado y sociedad civil, generar políticas públicas con perspectiva de género, fomentar el cumplimiento y aplicación de las recomendaciones y medidas cautelares en tutela de derechos fundamentales, aumentar la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales a los defensores de derechos humanos, entre otros.
