Toluca, México.- Las grandes reformas constitucionales históricamente se han gestado en el centro del país, extendiéndose de ahí a la periferia; sin embargo, la reforma constitucional al sistema de justicia penal se gestó en la periferia y en el Estado de México tuvo sus inicios antes del año 2008, mediante la implementación en el 2005 del juicio predominantemente oral.
Resaltó lo anterior el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM) y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Baruch F. Delgado Carbajal, al dictar la Conferencia Magistral “Sistema Acusatorio y Derechos Humanos”, a los miembros de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia del Estado de México “Guillermo Molina Reyes”, en la Sede Alterna del Salón de Plenos del máximo órgano impartidor de justicia de la entidad.
Encabezados por su presidente Eblen Jalil Fesh, los integrantes de dicha asociación de profesionistas entregaron al Magistrado Baruch Delgado un reconocimiento a su trayectoria como jurista y compromiso de trabajo en pro de la implementación del sistema penal acusatorio en nuestra entidad, y agradecieron el apoyo que la Escuela del Poder Judicial del Estado de México ha dado a esta Academia en materia de capacitación y actualización de sus integrantes.
En su disertación, el ponente subrayó que antes de la Reforma Constitucional decretada en el 2008 en territorio mexiquense ya existía la inquietud de trasformar el modelo de justicia en materia penal.
De ahí que, sin reforma constitucional, hace nueve años, el Poder Judicial del Estado de México, junto con los distintos actores jurídicos, comenzó a operar el juicio predominantemente oral en los juzgados de Cuantía Menor, experiencia que permitiría más adelante una rápida implantación del nuevo modelo de justicia.
Apuntó que el gran esfuerzo que implicó la puesta en marcha de la Reforma Constitucional en materia penal fue propiciado, en mucho, por el Poder judicial del Estado de México, dado que los juzgados de Cuantía Menor comenzaron a operar el juicio predominantemente oral, aún bajo el modelo inquisitorio, pero abriendo el horizonte a las transformaciones que posteriormente se dieron con el nacimiento del sistema acusatorio que hoy en día conocemos.
El presidente Baruch Delgado se refirió a las reformas constitucionales de junio de 2008 en materia penal, y a la de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos, como las de mayor significación en los últimos tiempos, toda vez que México estaba en deuda para llevar a la práctica la transformación a su sistema de impartición de justicia, derivado de compromisos internacionales como fue el caso de la Convención Americana.
Con dichos compromisos, los poderes judiciales locales -incluyendo al del Estado de México- jugaron un papel determinante para hacer realidad el actual modelo, mismo que hoy ya opera en varios estados del país, lo que representó un gran avance al tutelar de mejor manera las garantías de las personas.
Explicó que ambas reformas han dado mayor armonía a nuestro régimen jurídico, facultando al juzgador en la aplicación no solamente y de manera fría de una disposición legal, sino para juzgar conforme a principios orientados por la Constitución, así como por las convenciones internacionales.
Ahora, dijo, los jueces locales no solamente son de legalidad, sino jueces constitucionales, facultados para aplicar control de convencionalidad, pero siempre privilegiando aquellas disposiciones que protejan en un sentido más amplio los derechos humanos de las personas.
Concluyó al explicar que ahora, si el juez limita la participación de la víctima del delito en un proceso penal, estaría prácticamente violentando derechos humanos, no solamente del ámbito Constitucional sino de preceptos establecidos en las convenciones internacionales de las que nuestro país forma parte.
Al evento asistieron los ex presidentes de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, así como Consejeros de la Judicatura, magistrados y servidores públicos judiciales.
