Este 2019, Antorcha cumple 45 años de existencia como organización social; más de cuatro décadas de sostener que el problema principal del país es la pésima distribución de la riqueza, de la que se desprenden la mayoría de los dolores y carencias del pueblo pobre mexicano.
Junto con eso, hemos dicho que la única posibilidad real de que eso cambie es acumular una fuerza social de muy grandes dimensiones y gran unidad, que entendiendo esa razón profunda se organice para mejorar la suerte inmediata de millones de pobres y, en el momento adecuado, los articule para llegar al poder político y lograr, por lo menos, mejores empleos y salarios, así como una política fiscal progresiva que cobre más impuestos a los multimillonarios que más tienen, y destine más recursos para resolver los problemas fundamentales de los pobres y no simplemente darles paliativos insignificantes.
De ser un pequeño grupo de campesinos en la Mixteca poblana, el Movimiento Antorchista se ha convertido en una organización nacional, vigorosa, muy unida, que en varios lugares de México encabeza gobiernos municipales que, sin exagerar, se pueden presentar como ejemplares. Quien crea que es poca cosa que un grupo organizado persevere en sus principios y objetivos, sin traicionarlos ni cambiar de bandera, convendría que revisara la historia política contemporánea del último medio siglo, y descubrirá que en ella abundan partidos que fueron esperanza y luego estrepitoso fraude a las ilusiones del pueblo mexicano, e individuos que han hecho de la apostasía una forma de vida, han pasado por todos los partidos, los han traicionado a todos, y ahora se presentan como los salvadores de la patria. Gente que al verla tan campante en los recién estrenados colores de su uniforme partidario es inevitable recordar aquel tango que dice: “hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor”.
Desde que nacimos como organización, los antorchistas hemos promovido que la gente se organice para resolver los problemas inmediatos que le aquejan en los pueblos y colonias donde vive, y hemos perseverado en incorporarla para que participe en las luchas legales y pacíficas por obras y servicios que con frecuencia hemos tenido que dar ante todo tipo de gobernantes, de todos los partidos, de antes y de ahora; hemos gestionado muchas obras y, en más de una ocasión, durante los sexenios encabezados sucesivamente por diversos partidos nos hemos visto en la necesidad de manifestarnos por las calles o en los alrededores del Congreso, basta decir que las manifestaciones más numerosas de nuestra historia se hicieron en el sexenio recién concluido.
Lo que nunca hemos hecho ni pedido hacer, es recibir directamente los recursos de algún programa o ejecutar nosotros las obras públicas; siempre, y eso es demostrable, los administradores de los recursos de cualquier programa y los ejecutores de las obras han sido las autoridades facultadas por la ley para tal efecto. Esto lo hemos aclarado una y otra vez a quienes ahora pretenden ubicarnos como si fuéramos el prototipo de organización intermediaria y corrupta. Esta acusación la negamos rotundamente, y una vez más pedimos que no se nos calumnie ni se nos satanice para intentar minar nuestro prestigio y la influencia que tenemos en varios millones de mexicanos. Somos una organización popular numerosa, bien estructurada y leal a sus principios; no somos intermediarios ni corruptos. Pedimos que quien nos acuse, de éste o cualquier otro presunto delito, ofrezca pruebas de sus dichos y las lleve ante las autoridades correspondientes; con energía reclamamos este derecho porque vemos como el Presidente de la República no deja pasar ningún acto público sin referirse a nosotros como “intermediarios de la ‘antorcha mundial’, que se quedan con los apoyos”, lo cual es muy delicado, precisamente porque siendo cabeza de una de las principales instituciones políticas mexicanas, es quien más cuidadoso debe ser para no violar ninguna garantía o propiciar un linchamiento mediático o físico contra inocentes.
De acuerdo con nuestra visión aquí resumida, en diciembre del año recién concluido presentamos en la Cámara de Diputados cientos de proyectos para dotar de agua, luz, drenaje y pavimento a pueblos y colonias marginadas mediante su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019, algo que está dentro de la ley y fue solicitado también por muchos alcaldes y grupos organizados, incluidos algunos que actualmente simpatizan con el partido en el poder. Tras varias jornadas de permanecer día y noche alrededor de la Cámara de Diputados sin que nadie nos atendiera, tras ser agredidos verbalmente en algunos medios y en las redes sociales por robots manejados por gente que nos lanzó acusaciones, amenazas y majaderías bestiales, que algún día se podrán exhibir en el museo mundial de la infamia, y tras sufrir empellones de policías de la Ciudad de México, finalmente levantamos el plantón con el ofrecimiento del diputado Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de que por su conducto habría una reunión el 8 de enero, con presencia del Subsecretario de Gobernación y diversos funcionarios de la nueva administración federal, en la que se podrán programar una buena parte de las obras solicitadas. Aunque el ofrecimiento fue demasiado general y eran altas las posibilidades de una evasiva, aceptamos porque la racionalidad de nuestra postura ya estaba clara y expuesta públicamente y porque de ninguna manera significaba renunciar al derecho de manifestarnos nuevamente en caso necesario.
Pues bien, tras varios cambios de fecha y de horario, el 10 de enero dio inicio lo que se suponía era la reunión ofrecida. Pero nos dimos cuenta de inmediato de que no habría tal reunión y no habría ningún avance: no estaban presentes ni Mario Delgado ni el Subsecretario de la Segob; no había ningún funcionario de alguna otra dependencia involucrada con las peticiones y todo se redujo a intentos de justificar las faltas, y a recesos para esperar a los ausentes, que nunca llegaron, por lo que la reunión se pospuso para una imprecisa fecha de la siguiente semana.
¿Será que estamos ante el inicio de una operación política para negarnos la solución a peticiones elementales? ¿Que algunas de las acusaciones para ubicarnos mediáticamente como intermediarios y prevaricadores de los recursos públicos, son el caldo de cultivo necesario para vacunar a la opinión publica en contra nuestra en caso de iniciar alguna movilización, y para negarnos olímpicamente las obras públicas que reclamamos? No habrá que esperar mucho para confirmar estas hipótesis, o bien, en caso contrario, para comprobar que en el nuevo gobierno hay algún reflejo que le lleve a concluir que no es buena idea atacar a una organización de más de dos millones de mexicanos pobres que sólo piden que se materialice aquella multicitada frase de “primero los pobres”. Hoy como siempre, los antorchistas sabremos valorar una respuesta positiva del gobierno en turno a peticiones justas; también, llegado el caso, sabremos defender dentro de la ley, con movilizaciones multitudinarias si fuera necesario, nuestro derecho a permanecer organizados para gestionar obras públicas que hagan menos dura nuestra vida de trabajadores y aspirar a un país justo y próspero.
