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Sancionar a cobradores que se valgan del engaño, intimidación u hostigamiento: Jocías Catalán

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  • Pretende reformar y perfeccionar el tipo penal existente denominado “Requerimiento ilícito de pago” y propone precisar las malas prácticas de cobranza susceptibles de ser sancionadas penalmente.

Toluca, México.- El diputado del PRD, Jocías Catalán Valdez, presentó una iniciativa sancionar aquella conducta que resulte amenazante, emplee el insulto, simule procesos judiciales, fingiendo que son actos emitidos por una autoridad judicial, el Ministerio Público, alguna Fiscalía o creando nombres ficticios con las mismas siglas de las Procuradurías, a través de los cuales se exige saldar la deuda, ya sea por vía telefónica o por medios escritos.

“Indispensable adoptar medidas para sancionar la comisión de conductas que tienden a realizarse por particulares… con la finalidad de sorprender al deudor a través de prácticas de hostigamiento, violencia y mediante la falsificación de documentos y, aún más, a través del engaño manifiesto… afectando su estabilidad emocional, su seguridad jurídica y, en no pocas ocasiones, su patrimonio y los medios esenciales de subsistencia”, mencionó.

La iniciativa pretende reformar y perfeccionar el tipo penal existente denominado “Requerimiento ilícito de pago” y propone precisar las malas prácticas de cobranza susceptibles de ser sancionadas penalmente, de tal forma que ésta se realice bajo criterios de respeto y observando formas éticas en una relación entre personas libres y con derechos plenos.

Sin embargo, el diputado Jocías Catalán destacó que la iniciativa no pretende sancionar toda conducta relacionada con la cobranza, ya que los acreedores también tienen derecho a recuperar su dinero y para ello el orden jurídico tiene a su disposición procedimientos legales establecidos para ello.

Finalmente, dijo que de aprobarse, el Congreso enviará una señal clara y determinante de los principios que deben prevalecer en la fórmula que contenga la relación entre los particulares, en la que deben prevalecer tanto las obligaciones como los derechos, bajo la adopción de las mejores prácticas que sean respetuosas de ambos factores.

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