- Exige secretaria general del PRD Edomex que “no tiemble la mano” a las autoridades electorales para sancionar, “caiga quien caiga”, el uso de programas sociales con fines proselitistas.
- Es imprescindible la renuncia de Luis Miranda como secretario de Desarrollo Social (Sedesol), tras reconocer sus aspiraciones por la gubernatura y la operación política que realiza en favor de su partido con recursos públicos, enfatizó.
Toluca, México.- Ana Yurixi Leyva, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), llamó a las autoridades electorales a que “no les tiemble la mano” para investigar y sancionar, “caiga quien caiga”, el reparto indiscriminado de programas sociales con fines proselitistas en la entidad.
La dirigente partidista además exigió la renuncia de Luis Miranda a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tras quedar claro el sesgo electoral en el reparto de apoyos de la Cruzada contra el Hambre en Huixquilucan el pasado 08 de octubre y en Zinacantepec apenas este 15.
La operación, señaló, fue motivada por fines personales, después de que el funcionario federal confió el lunes 03 de octubre a sus subalternos su intención por obtener la candidatura de su partido al Gobierno del Estado de México, y de que se autodenominó “operador político” ante el Senado.
“El titular de Sedesol se asume como operador político cuando tiene una gran responsabilidad en México como secretario de estado y es el encargado de abatir la pobreza que hoy afecta a México con una tasa de más de 48 millones de habitantes en extrema pobreza”, recordó.
Para la dirigente partidista Miranda Nava tiene una “visión miope”. “Sí es un operador político, pero de cuarta, ya que de la forma más desvergonzada disfraza ferias regionales con objetivos clientelares. La compra del voto a su máxima expresión”, consideró.
La perredista recordó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido ya prepara las denuncias correspondientes en contra del gobernador Eruviel Ávila; de Miranda Nava y de Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de Presidencia, por condicionar los apoyos de la Cruzada contra el Hambre a la entrega de una copia de la credencial de elector.
Tan sólo en Huixquilucan, indicó, el sol azteca estima la distribución de al menos 20 millones de pesos en 6 mil tarjetas de débito o monederos electrónicos –cada uno con 2 mil 750 pesos- “La Efectiva”, instrumento similar al suministrado y publicitado durante la campaña de Ávila Villegas por la gubernatura.
Esta cantidad, sin contar los gastos en despensas y otros apoyos a habitantes de Huixquilucan, Naucalpan, San Juan Totoltepec, Nicolás Romero y Valle de Chalco, que habrían sido trasladados en autobuses contratados por el Gobierno mexiquense.
La denuncia, manifestó, debe ampliarse con la “Feria de Servicios” concretada apenas este fin de semana en Zinacantepec bajo el mismo esquema.
Para Leyva Piñón, la entrega de estos recursos es cínica, sin pudor ni recato, una vez que el propio presidente Enrique Peña, en voz del propio Francisco Guzmán –quien organizó la Feria de Servicios coordinada por Sedatu- reconoció que el Estado de México es prioridad electoral, joya de la corona, y existe desesperación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la real posibilidad de perder en 2017.
A diferencia de lo ocurrido en otros procesos electorales, de los que resultan pocas sanciones por delitos relacionados con los comicios, Leyva Piñón apeló a que esta ocasión ni al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al Instituto Nacional Electoral (INE) ni a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) les “tiemble la mano” para investigar y sancionar incluso en los más altos niveles, de donde necesariamente proviene la instrucción para concretar este tipo de acciones de gobierno.
La perredista confió en que el árbitro electoral no ceda ni se preste a chantajes, presiones, amistades ni componendas políticas.
Es menester, desde su punto de vista, que se sancione “caiga quien caiga”, pues de otra manera el uso grosero de recursos públicos con fines electorales se seguirá replicando con la mayor impunidad y complacencia de las autoridades en los procesos electorales venideros, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos mexicanos y, en este caso, mexiquenses, al trastocar ejercicios democráticos.
