Homero Aguirre Enríquez
Son desoladoras las escenas que nos muestran la destrucción del Puerto de Acapulco, provocada por el huracán Otis que golpeó las costas de Guerrero con vientos que llegaron a superar los 300 kilómetros por hora, sin que hubiera una alerta oportuna y un operativo eficaz que evitara pérdidas en vidas humanas y disminuyera los daños sufridos por los numerosos hoteles, restaurantes, bares, discotecas, lanchas, automóviles, sistemas eléctricos, hidráulicos, vialidades y muchas otras instalaciones que permiten la actividad turística y comercial de la que dependen decenas de miles de familias que ahora están en el desamparo absoluto y tardarán meses en volver a la normalidad. Dada la magnitud de los daños, muchas personas no volverán a sus actividades habituales puesto que sus lugares de trabajo no se podrán recuperar.
Poco a poco, conforme alguien puede grabar y transmitir algún testimonio, también empiezan a conocerse los gravísimos daños sufridos en las colonias populares del propio Puerto de Acapulco, en los pueblos cercanos y en otros municipios, como Coyuca de Benitez, donde golpeó fuertemente el huracán Otis. La desesperación, la angustia y el desamparo de esas personas resultan aún mayores debido a que la pobreza y marginación que ya padecían antes del meteoro, se multiplican al instante y las coloca mucho más cerca del hambre y la sed inmediatas y no tienen donde guarecerse con sus hijos, una vez que sus frágiles casas volaron hechas añicos por los aires.
No es que se deba culpar al Gobierno por un huracán o algún otro desastre natural, pero claro que sí deben fincársele responsabilidades si no hace lo suficiente por disminuir sus efectos dañinos en la población, y si, una vez que se presenta el desastre, no movilizan velozmente fuerzas y recursos suficientes para ayudar a la población en desgracia. Ambas condiciones negativas las cumple sobradamente el gobierno morenista, más preocupado en la próxima elección que en proteger a la población de los desastres naturales.
El tremendo daño al Puerto de Acapulco y otros municipios se pudo disminuir si las autoridades mexicanas hubieran alertado a la población sobre el grave peligro que se avecinaba, cosa que no sucedió, y contaran con un plan eficaz para proteger vidas e infraestructura, algo de lo que evidentemente carecen. Se sabía que el huracán que se aproximaba a Acapulco era altamente peligroso. “Las advertencias y avisos de que el huracán Otis tocaría Acapulco por lo menos con una categoría 4 fueron hechos con más de nueve horas de anticipación y de manera pública por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que lo describió como “extremadamente peligroso”, con marejadas “potencialmente catastróficas” e inundaciones costeras “potencialmente mortales”. Con esa antelación, el organismo recomendó “acelerar los preparativos para proteger vidas y propiedades”. Pero los turistas consultados señalaron que no recibieron avisos ni alerta alguna de las autoridades mexicanas sobre el riesgo o las medidas para resguardarse y ponerse a salvo” (proceso, 27 de octubre de 2023).
Y si evaluamos la velocidad y la eficacia de la respuesta una vez que se presentaron las muertes, la destrucción y el desamparo provocados por el huracán, la calificación es reprobatoria. Más allá de las bochornosas escenas donde se ve al presidente en un jeep atascado en un lodazal o llegando horas después con su gabinete en una pequeña camioneta estaquitas cuyo tripulante les dio un aventón, acciones que varios opinadores han calificado como teatrales o premeditadamente destinadas a desviar la atención sobre el fondo del problema, no se ha visto ninguna operación gigantesca de auxilio inmediato a la población y mucho menos algún anuncio que indique que se hará una intervención pública con todos los recursos con que cuente el Estado (o incluso endeudándose) para recuperar la vida económica, comercial y productiva de toda la región afectada, como lo amerita el gigantesco daño sufrido por millones de mexicanos.
Si nos atenemos a lo ocurrido en este mismo sexenio durante la pandemia, en que la “política social” consistió esencialmente en mandar a la gente a quedarse en su casa sin ningún tipo de apoyo, o recordamos lo acontecido en otras zonas afectadas por desastres naturales, como las inundaciones que cíclicamente padece Tabasco, en donde todo se redujo a administrar la crisis con visitas, declaraciones, entrega de despensas y algunos vales para enseres dañados por el agua, pero nunca se aplicó un plan hídrico que construya grandes obras para prevenir inundaciones, todo indica que en Guerrero se volverá a aplicar la fórmula de entregar algunos apoyos (mientras se sacan la foto a favor de Morena), esperando que las aristas más escandalosas del problema se olviden o sean sepultadas en el olvido por una nueva distracción mediática desde el Gobierno.
Un analista muy competente dimensionó el problema y calcula que se requiere una cantidad cercana a los 116 mil millones de pesos (cantidad que ni en sueños existe en las arcas públicas, programadas para comprar votos y terminar las obras “emblemáticas” de AMLO), y afirma que la recuperación que beneficie a millones de guerrerenses no ocurrirá en el corto plazo: “La reconstrucción de los grandes hoteles, restaurantes de lujo y segundas residencias de “foráneos” será relativamente rápida y no implicaría grandes sumas de recursos públicos. Los miles de millones se necesitarán para atender a la mayoría de una población que es cercana al millón de personas. Aquí y ahora la mayor necesidad de la gente es agua, comida y productos básicos. En los próximos días continuarán las tareas de limpieza y retiro de escombros. La reconstrucción se llevará meses y costará mucho. ¿De qué vivirá una población que depende en su mayoría del turismo? ¿cuánto tiempo tardarán en volver los turistas?” (Luis Miguel González, EL ECONOMISTA, 27 de octubre 2023).
Todo indica que, al igual que se evadió darle solución estructural, por ejemplo, al problema de las inundaciones en Tabasco, se evadirá resolver el grave problema de marginación y abandono en que viven los más pobres de Guerrero, tanto los trabajadores del turismo de Acapulco, como los que viven y trabajan en otros municipios y que son las principales y más numerosas víctimas de los daños provocados por el huracán. Ellos son los que se quedaron sin trabajo, sin casa, sin servicios, más pobres y marginados que nunca. Ellos son la elocuente evidencia de que el lema de “primero los pobres” fue un engaño que algún día tendrá que cobrársele a Morena.
