- Precisó su voto favorable a la Ley 3 de 3
- La cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción será ciudadana.
Cuauhtémoc, Ciudad de México.- En Periodo Extraordinario en el Senado de la República, aprobamos un paquete de leyes anticorrupción que privilegia la rendición de cuentas y la fiscalización de todos los servidores públicos. Aseguró la senadora por el Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo.
Entrevistada en la sede senatorial, Ana Lilia Herrera aclaró enfáticamente que su voto fue a favor de la denominada “Ley 3 de 3”, en el texto normativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que incluye la obligación de que todos los servidores públicos hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
Además, dijo la legisladora mexiquense, será mediante una Plataforma Digital conformada por 3 sistemas que incluirán:
- Evolución patrimonial y de declaración de intereses, declaración fiscal
- Servidores públicos sancionados
- Denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción
Ana Lilia Herrera abundó que se atendió el reclamo de más de 634 mil ciudadanos para que no fueran los senadores quienes determinen el contenido y formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses, sino que lo harán los propios ciudadanos que integren el Comité de Participación Ciudadana, que además presidirá el Sistema Nacional Anticorrupción.
La senadora mexiquense dijo que se aprobó fortalecer los castigos y combatir la impunidad en contra de funcionarios públicos que cometan actos como sobornos, ilícitos administrativos, tráfico de influencias y utilización de información falsa, entre otros.
En el Senado mi voto fue favorable para que la ciudadanía pueda conocer mayor información sobre los servidores públicos que intervengan en contrataciones públicas, indicó.
Por último destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado establece los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
