- La Diputación Permanente remitió a Comisiones el proyecto que incorpora al texto constitucional principios como “disciplina financiera” y “mejores condiciones de mercado” entre otros.
- También turnó a estudio un proyecto de acuerdo presentado por el diputado Armando Portuguez.
Incorporar a la Carta Magna los principios de “estabilidad de las finanzas públicas” y “mejores condiciones de mercado” para contribuir a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, son propósitos de la minuta proyecto de decreto remitida a la LVIII Legislatura por el Senado de la República y turnada por la Diputación Permanente para su dictamen correspondiente a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Planeación y Gasto Público así como Finanzas Públicas.
Durante la sesión presidida por el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), este órgano parlamentario también remitió a la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático el proyecto de acuerdo para exhortar al Contralor del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) a realizar una investigación sobre hechos difundidos en medios de comunicación.
Respecto a la minuta que modifica y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del país en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, la Legislatura deberá pronunciarse en torno a la disposición que otorga al Estado la facultad de velar “por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para contribuir a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo, y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.
Como integrante del Congreso Constituyente Permanente de la nación analizará también la propuesta para que el Poder Legislativo Federal expida la ley general relativa a las normas de endeudamiento de los estados, los municipios y el Distrito Federal; legislación que deberá abordar los temas de los límites y modalidades para afectar las participaciones en garantía, la inscripción de los empréstitos contratados en un registro público único de deuda pública, la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública y las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan la normatividad, entre otros puntos.
También acerca del planteamiento de crear una instancia de control en el ámbito del Poder Legislativo Federal, para conocer y emitir observaciones a la instancia competente del Gobierno Federal, cuando alguna entidad del país pretenda obtener la garantía federal para la contratación de préstamos públicos.
Adicionalmente, entre otros puntos, sobre fortalecer constitucionalmente las actividades de fiscalización en la contratación y aplicación de recursos provenientes de financiamiento público en los ámbitos federal, de los estados y municipios, que corresponde a las entidades de fiscalización superior de la federación y de los estados; especificar la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo que hagan de recursos y de la deuda pública, además de prever diversos elementos de responsabilidad financiera en la contratación de deuda pública por los estados y los municipios.
