Toluca, México.- Entre los desafíos actuales de la argumentación jurídica y de la filosofía del derecho, destacan la necesidad de los operadores jurídicos por capacitarse y buscar actualización sobre estos temas, debido a una ausencia de formación adecuada en las escuelas de derecho de América Latina y para los efectos de poder comprender los alcances que tiene la aplicación de la argumentación en un Estado de Derecho Constitucional.
Planteó lo anterior el reconocido jurista y catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Austral, Argentina, Rodolfo Luis Vigo, al dictar la conferencia inaugural del Primer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, Interpretación y Argumentación Jurídica en el Estado Constitucional, que se realiza en las instalaciones de la Escuela del Poder Judicial del Estado de México.
Luego de su presentación -a cargo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la entidad, Baruch F. Delgado Carbajal-, Luis Vigo remarcó que las escuelas de derecho siguen preparando juristas para el Estado de Derecho legal y no para el Estado de Derecho Constitucional, razón que obliga a los profesionales del ramo, principalmente a los jueces, a capacitarse para estar en condiciones de argumentar apropiadamente en la función que desarrollan.
Sostuvo que ante las nuevas tendencias, los principios jurídicos aún se mantienen vigentes, y explicó que la constitucionalización del derecho ha traído necesariamente la principialización, dado que la ley se fundamenta a través de normas y reglas, mientras que la Constitución lo hace por principios.
Por ello, corresponde a los jueces la actualización de las normas y reglas o su explicitación, para de esta forma poder afrontar eficazmente los requerimientos conflictivos que emanan de diferentes principios.
Aunado a que la filosofía del derecho hace imperativo para el operador jurídico contar con un concepto o definición del derecho mismo, identificando los criterios que determinan hoy en día su validez, a manera de herramientas que permitirán comprender y operar el derecho con coherencia en la función jurisdiccional.
En la apertura del Congreso también se presentó la Conferencia Magistral “Argumentación, ponderación y derechos”, a cargo de Juan A. García Amaro, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, España.
Presentado por el Director del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial, Ramón Ortega García, el especialista refirió que es común y legítimo que entre los teóricos del derecho exista una división de enfoques en cuanto a ponderación.
No obstante, sostuvo, la decisión judicial no debe adolecer de una eficiencia argumentativa, debido a que el paso esencial que determina la decisión del juez al resolver controversias es el sentido que otorga la norma y la decisión interpretativa en la cual se expresan derechos fundamentales.
Aspecto que rompe, dijo, con toda afirmación en el sentido de que una sentencia debe estar suficientemente razonada y argumentada hasta el límite de lo posible, en tanto más o cuanto más relevante sea para el fallo final.
García Amaro añadió que por lo general las normas constitucionales recogen y amparan derechos fundamentales, conteniendo determinados principios aplicables a algún tipo de razonamiento interpretativo y ponderativo.
Ante lo cual, es menester que el juez decida con el mayor peso del principio constitucional del derecho al momento de aplicar normas correspondientes a conflictos de derechos fundamentales y a la luz de las circunstancias del caso concreto, concluyó.
