- Once policías municipales ingresaron al “Comedor del Hermano Migrante San José” y los sacaron por la fuerza.
Toluca, México.- Por la intromisión de policías municipales de vialidad de Huehuetoca al “Comedor del Hermano Migrante San José”, para detener de forma arbitraria a dos migrantes, actuación contraria a los principios de legalidad, seguridad jurídica y trato digno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación al presidente municipal de la zona.
Al documentar prácticas ilegales en las que incurrieron los elementos, por las detenciones arbitrarias y maltrato, recomendó iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores públicos involucrados, así como la impartición de cursos de capacitación y la realización de evaluaciones periódicas al personal en el uso de la fuerza, incluidas las técnicas de detención, sometimiento y aseguramiento.
De acuerdo con la información recabada por la CODHEM, el 17 de junio de 2013, personal del Instituto de Migración y policías municipales llegaron a las inmediaciones del comedor, donde se encontraban personas ingiriendo alimentos, que al ver a las autoridades, trataron de huir, corriendo a la calle y otros hacia el interior del inmueble.
Fue en ese momento cuando los uniformados ingresaron y sacaron a dos de los extranjeros por la fuerza; mientras otros eran sometidos con violencia y obligados a subir a vehículos de seguridad pública municipal; mientras que el personal del INM sólo observó el desarrollo de los hechos.
De acuerdo a las investigaciones que sustentaron la recomendación 06/2014, se cometieron violaciones graves a los derechos fundamentales de los dos detenidos al interior del comedor, pues no hubo delito flagrante que motivara el ingreso de los uniformados ni estaba contemplado en el oficio remitido por el Instituto Nacional de Migración a la autoridad local, en el que sólo pidió el apoyo en un operativo para el aseguramiento y custodia de personas extranjeras que no comprobaran su estancia legal en el país.
Los hechos de queja, derivaron en cinco expedientes y como parte de las indagaciones, se solicitó un informe al presidente municipal de Huehuetoca, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Seguridad; además de recabarse declaraciones y hacer visitas de inspección al comedor y sus inmediaciones.
Las evidencias permitieron determinar que el director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio, Francisco Javier Torres Villalobos; así como el jefe de la Región Sur, Vicente Garfias Godínez y el jefe de la Región Norte de Huehuetoca, Jorge Ángel Santillán Rivas, así como ocho policías municipales participaron en un operativo de verificación migratoria en áreas y vías públicas en el que se detuvo a 30 personas, entre ellas tres menores de edad y tres mujeres, sin embargo, dos fueron asegurados al interior del comedor.
Los otros elementos de seguridad pública, son Felipe Ramírez Hernández, Juan Carlos López Garay, Ernestina Mina Castro, Juan Carlos Ayala González, Víctor Hugo Chávez Domínguez, José Manuel Toribio Ávila Sánchez, Jesús Mateos Rafael y Arturo Vázquez Cabral , quienes con sus actos y omisiones trasgredieron la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios al realizar acciones ilegales, arbitrarias e indebidas que atentaron contra los derechos humanos de los migrantes.
En la recomendación se precisa que es facultad del Instituto de Migración realizar dichas verificaciones, pero con base en el artículo 76 de la Ley de Migración, no podrá efectuarlas en los lugares donde haya migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil, o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección, por tanto, los elementos de seguridad pública no debieron entrar a dicho lugar.
Se concluye que además de violentar diversas leyes del país e instrumentos internacionales, contravinieron el Bando Municipal 2013 de Huehuetoca, donde se indica que los miembros del cuerpo de la Policía Municipal y Vialidad, no deben molestar por ningún concepto a las personas; tampoco deben invadir la jurisdicción de otras autoridades ni realizar acciones que no sean de su competencia; y sobre todo, incumplieron con su tarea primordial de proteger los derechos y bienes de las personas.
el artículo es contradictorio. si los migrantes no tienen estancia legal, es es una falta o delito, no?
Y si nos basamos en los derechos humanos, pues ahora podernos hacer y deshacer lo que queramos porque lo permiten los derechos humanos. que bien!