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En defensa del derecho a la manifestación pública

Laura Castillo García

Vocera del Movimiento Antorchista en el estado de México

Contrario a lo dicho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, cual vil coach motivacional chafa, decretó el fin del neoliberalismo, la derechización del país está en proceso. Así lo indican la cancelación de derechos constitucionales conquistados por el pueblo trabajador y sus líderes progresistas, a quienes se alaba de nombre, pero que en los hechos se anulan sus conquistas sociales.

La criminalización de la protesta social que desde hace décadas inició con calumnias y denuestos mediáticos en contra de líderes y organizaciones sociales, ahora está materializada en la reforma al Código Penal del estado de Tabasco -popularmente conocida como “Ley garrote”-, que el Congreso de esa entidad federativa aprobó el pasado lunes 29 de julio y echó a andar este 1 de agosto en contra de quienes bloqueen calles de la entidad o impidan la ejecución de obras públicas. La mucha rapidez y eficiencia que mostraron los diputados de Morena en el Congreso de Tabasco, demuestran que a la 4T le urge acabar con el derecho a la manifestación pública y la participación social

Tanto el presidente López como el gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, también militante del partido Morena, siguen justificando la aprobación de dicha reforma con el argumento de que la creación del delito de impedimento de ejecución de obras tiene la finalidad de evitar extorsiones y “poner orden”, como aseguró el presidente, pero que, como reconocieron los diputados locales de Morena, el objetivo real es proteger las inversiones en Tabasco. Una vez más, pues, el presidente López Obrador protege los intereses de los ricos, de los inversionistas dueños de los medios de producción y va en contra de los derechos sociales e históricos de los mexicanos.

Además de “proteger las inversiones en Tabasco”, López Obrador avala que se sancione hasta con 20 años de cárcel “al que (…) impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos…”. O sea, el incongruente López Obrador avala meter a la cárcel a todo aquel que realice una manifestación o marcha de protesta porque la autoridad no resuelve problemas de servicios básicos, educativos y salud de sus comunidades, o bien porque tampoco resuelve problemas políticos que los aquejan.

Con la puesta en marcha de esa draconiana reforma al Código penal tabasqueño, se cancela prácticamente la única arma de lucha que tienen los desprotegidos para hacerse oír de sus gobernantes, quienes una vez en el poder se vuelven insensibles, altaneros y displicentes, como recientemente se mostró un furioso López Obrador ante un pequeño grupo de gente de Ciudad Valles, San Luis Potosí, quienes solicitaban que interviniera para que el presidente municipal atendiera la problemática que enfrentan.

Durante décadas, el Estado mexicano ha desprestigiado y criminalizado la protesta pública a través de los medios de comunicación, quienes, lejos de informar verazmente sobre las causas de éstas, desinforman a la población a través de magnificar situaciones propias de una protesta pública, pero que, en el caso de Antorcha, nunca dicen por qué miles de amas de casa y campesinos dejan por unas horas sus casas y obligaciones para ir a una marcha en la que exigen respeto a sus derechos sociales y, por tanto, alguna obra o servicio para sus comunidades.

Durante los 45 años de existencia de Antorcha Campesina, primero, y luego del Movimiento Antorchista Nacional, ciertos medios de comunicación también han inventado calumnias en contra de sus líderes sociales para desprestigiar al auténtico movimiento popular mejor estructurado del país y, con ello, atraer la represión en su contra.

En general, hasta ahora todo había quedado en calumnias, injurias e infamias en contra de los movimientos sociales, pero el gobierno lopezobradorista, va más allá: para poner “orden” en México ahora ya impuso la “Ley garrote” en Tabasco, y no dudemos que pronto lo haga en todo el territorio nacional. No cabe duda, a pesar de lo que diga en contrario, López Obrador está metiendo a México en un proceso de derechización al que debemos oponernos los luchadores sociales organizados y consecuentes y todo mexicano bien nacido. Defendamos con todas nuestras fuerzas el derecho a la manifestación pública, única arma en contra de la insensibilidad y prepotencia de gobiernos con piel de cordero, pero que realmente son lobos conservadores.

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