Por: Carlos Ugalde Sixtos
Quién sabe cuántos recursos humanos y económicos habrá malgastado el actual gobierno morenista con la puesta en escena de un espectáculo más para distraer la atención de los mexicanos.
Me refiero a la última consulta “popular” que emprendió la presente administración federal para enjuiciar a los cinco ex-presidentes que gobernaron de 1988 a 2018 y que no alcanzó el número de firmas necesarias para que entrara como solicitud del puebla, pero que de todos modos le darán curso como petición del ejecutivo. El martes 15 de septiembre fue entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dicha petición. Y no hay más que dos posibles respuestas de la SCJN, si se apega estrictamente a derecho, la petición no procede (y AMLO acusará, seguramente, a los ministros de la SCJN de conservadores, fifis, etc.), pero si hay intromisión del Ejecutivo, la contestación será afirmativa. En cualquiera de los dos casos el presidente gana. En el primero, recuperando algunas simpatías mediante el engaño de que la SCJN defiende a la mafia del poder y en el segundo, montando el show (tipo Lozoya) para enjuiciar a cinco ex-presidentes. En ambos escenarios, él queda como el héroe, como el bueno de la película.
Pero el punto clave para entender, desenredar y desnudar este nuevo distractor es el que de manera nítida exponen varios especialistas en derecho, entre ellos el ministro en retiro José Ramón Cossío: “No se necesita una consulta popular. Hoy la Fiscalía General de la República, o alguna de las fiscalías locales o procuradurías, hoy puede iniciar una investigación o consignar una carpeta ante un juez”, y agregó “No hay ningún privilegio ciudadano, jurídico a ninguno de los expresidentes; la consulta, desde mi punto de vista, es redundante.” Y remató “Si hay elementos para procesar, que se ejerzan hoy mismo, si no hay, ¿pues entonces para qué vamos a una consulta?” Finalmente recordó que la consulta popular recae en una de las prohibiciones en las que la SCJN determina la procedencia de las mismas, pues en caso de que no se cuenten con los elementos necesarios para abrir un proceso de investigación, se violarían los derechos humanos de los expresidentes. Estos son los fundamentos legales, amable lector, por los que más arriba expuse que si la SCJN se apega a derecho tendrá que declarar improcedente la petición y, en su caso, le sugerirá al ejecutivo que inicie una investigación o consigne una carpeta ante un juez.
Sin embargo, es difícil creer que el presidente no tenga una mínima asesoría jurídica para entender lo anterior. Un estudiante de derecho, en sus primeros semestres de la carrera, lo sabe. Por ello la conclusión a la que se puede llegar por deducción, salvo su mejor opinión, caro lector, es la de que se trata, por enésima vez, de un distractor más. Como el nivel de aceptación hacia él y su gobierno viene bajando desde hace algunos meses, está recurriendo a las enseñanzas políticas de los emperadores romanos que aconsejaban “al pueblo, pan y circo”. Sólo que a nuestro distraído presidente se le olvidó dar el pan y, en cambio, nos empalaga y atosiga de circo. Ojalá que el pueblo trabajador no caiga en la trampa y se eleve a la lucha consciente por sus intereses económicos y sobre todo por sus intereses políticos. Esto último se tendrá que traducir en el rechazo total al desenvolvimiento del gobierno de la 4T en lo referente a la pandemia, el decrecimiento económico y la violencia generalizada entre otros problemas sociales de tremendo impacto social. Los resultados de la contienda electoral del 2021 así lo deben de reflejar. Que así sea.
