- No existe informe minucioso sobre la última autorización de refinanciamiento y hoy se quieren otorgar más empréstitos.
Toluca, México.- Octavio Martínez Vargas, diputado del PRD, votó en contra del Decreto para autorizar a diversos municipios del Estado de México, adheridos al Programa Especial de Apoyo Financiero del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, a contratar créditos para ejercer durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, con un plazo de hasta 30 años; ya que de la última autorización de préstamos no se tiene ningún informe conciso del destino de los recursos otorgados.
“El 17 de octubre del año pasado, se discutió sobre la solicitud de financiamiento para 50 municipios, que era para refinanciar sus deudas, obra pública, resolver graves problemas, así lo dijo el PRI, se tendría que armar una comisión para la revisión, hasta hoy no se tiene ningún informe sobre las deudas, refinanciamiento, utilizado para obra pública; lo que sí sé se encuentran en graves problemas de seguridad y desarrollo, hoy se pretende hay que dar financiamientos a otros ayuntamientos para que se queden comprometidos su recursos…”,subrayó.
Además, señaló que con esta disposición se comprometen los recursos para las futuras administraciones; por lo que dijo: la única respuesta es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo único que busca es hacer frente al proceso electoral 2015 con recursos públicos.
“Ayer se aprobó en el Congreso federal que la deuda de Pemex y CFE de 1.6 mdp la pagaron los mexicanos, hoy discutimos la enajenación de bienes de Metepec, y ahora el refinanciamiento para endeudar por más de 30 años a los municipios. La única respuesta es por el proceso electoral 2015, el PRI pretende hacerle frente con recursos del pueblo, y los que se dicen de oposición aplauden esto…”, demandó.
Esto debido a que la minuta refiere que los empréstitos tienen como destino principal la reestructura o refinanciamiento de su deuda pública y de otros pasivos existentes, debiendo mejorar en todo momento las condiciones financieras de sus pasivos vigentes y la realización de acciones de inversión pública productiva, con la garantía o fuente de pago correspondiente, concluyó.