Toluca, México.-Con el propósito de vigilar de forma permanente la labor de los Ministerios Públicos para evitar violaciones a derechos humanos, combatir los actos de corrupción y garantizar que los ciudadanos sean tratados con dignidad y eficiencia en las instituciones de procuración de justicia, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, propuso reformas a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Fiscalía General de Justicia, ambas del Estado de México.
El coordinador de los diputados del PAN refirió que esta vigilancia será a través de un monitoreo permanente de los servidores públicos y dijo que mediante los artículos transitorios de esta propuesta, se están solicitado los recursos necesarios para instalar cámaras de video-vigilancia en la Fiscalía y para situar los centros de monitoreo.
Presentada en sesión del Primer Periodo Ordinario de la 60 Legislatura estatal, esta iniciativa también prevé la obtención de los recursos financieros necesarios para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y el órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia se encarguen de hacer el monitoreo a fin de identificar actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Anuar Azar dijo que la iniciativa, busca el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia: “Uno de los objetivos elementales es devolver la confianza a la sociedad mexiquense en el servidor público que tiene contacto con el ciudadano que espera impartición de justicia”.
Para su dictamen se remitió a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.
Que el ejecutivo y los ayuntamientos desarrollen políticas públicas eficaces en materia de prevención del delito: morena
Al considerar que la inseguridad en la entidad es una realidad que afecta a todos los habitantes, el Grupo Parlamentario de morena presentó una iniciativa para que el Gobierno del Estado de México y los municipios implementen políticas públicas eficaces, progresistas y proactivas en materia de prevención social del delito con carácter integral.
La iniciativa, leída por el diputado Emiliano Aguirre Cruz, propone que estas acciones y programas del gobierno estatal y los gobiernos municipales incluyan el análisis de los factores de riesgo que propician la delincuencia de manera regional y general, e induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de víctimas, y que, además, sean medibles a corto, mediano y largo plazo para verificar su efectividad.
“Las autoridades responsables de proporcionar la seguridad pública y la impartición de justicia se ven rebasadas por el incremento de la delincuencia; lo cual no es necesariamente por la falta de recursos económicos para implementar las políticas necesarias para abatir el delito, sino porque claramente se observa el desinterés, la corrupción, la impunidad y la falta de estrategias eficaces que acaben con la inseguridad que hoy nos aqueja”, expuso el legislador.
La propuesta, que se enfoca en la reforma al artículo 7 de la Ley de Seguridad del Estado de México, permitirá conocer los factores que ponen en riesgo a poblaciones, comunidades e individuos, y facilitará a los gobiernos canalizar los programas de prevención hacia las áreas y barrios de atención urgente a grupos de personas ya sumidos en la delincuencia o en situación de riesgo.
Emiliano Aguirre contextualizó la importancia de la iniciativa al señalar que, según los datos oficiales de carpetas de investigación, el periodo enero-agosto 2018 tuvo una tasa de víctimas de homicidio doloso y feminicidio superior en 17.95 por ciento respecto al 2017.
A nivel local, agregó, deficiencias de infraestructura, precarias condiciones de vivienda y vecindad, falta de buenos servicios de educación y salud, desempleo y fácil acceso a las drogas o las armas son elementos capaces de aumentar los riesgos de incremento del delito; en tanto que a nivel individual los factores de riesgo que propician la delincuencia y la victimización están asociados a las relaciones familiares con características como una paternidad severa o errática, conflictos, violencia y abuso en el hogar, además de pobreza, aislamiento, y amistades que incitan a los jóvenes a correr riesgos e infringir la ley.
La iniciativa fue enviada a las comisiones legislativas de Seguridad Pública y Tránsito y de Procuración y Administración de Justicia, para su dictamen.
