- En 2006 se retiró la figura de calificación, pero en 12 entidades aún prevalece.
Toluca, México.- La diputada del sol azteca, Araceli Casasola Salazar, propuso en el Primer Periodo Ordinario de sesiones de la LIX Legislatura, otorgar facultades al Poder Legislativo del Estado de México, para calificar las cuentas públicas de la entidad y municipios, y con ello fortalecer el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública que realiza el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Además, con esta iniciativa se podrá enfatizar el peso jurídico de las atribuciones que corresponden al órgano técnico de fiscalización y la representación constitucional del pueblo.
“A la luz de las consideraciones en este tema por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso de fiscalización a cargo del órgano técnico, por sí solo, no colma en plenitud la revisión del ejercicio de los recursos públicos, constituye sí, un elemento técnico, objetivo, tendiente a determinar que el verdadero detentador de la atribución constitucional…”, explicó.
Asimismo, la legisladora perredista señaló que la facultad de calificación del Poder Legislativo, deberá apegarse al principio de legalidad, excluyendo una decisión guiada por la afinidad política del auditado y de la mayoría de la Legislatura Local, o en una cuestión sujeta a negociación política; incluso, vicios que afecten la credibilidad de la actividad estatal y que pueden poner en riesgo la gobernabilidad.
“Es necesario el fortalecimiento de esta fase fundamental del proceso de fiscalización recuperando la figura de la calificación de la Cuenta Pública que, al mismo tiempo, sincroniza nuestra norma fundamental con el apartado en ella contenida relacionada con el Juicio Político y que hoy queda aislado e inaplicable en lo que corresponde al tema financiero”.
Por otra parte, comentó que debe prevalecer el modelo actual de ampliación a cinco años como plazo para la prescripción de las responsabilidades a que refiere la Ley de Fiscalización del Estado.
Finalmente, la diputada Araceli Casasola aclaró que este proceso de calificación no es nuevo, ya que en 2006 con la reforma constitucional fue eliminado en 18 estados del país, incluido el Estado de México; sin embargo, en 12 entidades aún sigue vigente, entre las cuales se encuentran: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
