- La comisionada presidente del INAI aseguró que es indispensable dar un nuevo impulso al diálogo, la negociación y la voluntad política para lograr una legislación que garantice el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales
- Junto al comisionado Oscar Guerra Ford y el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, participó en la inauguración de los trabajos de la Gira por la Transparencia en la entidad
Coyoacán, Ciudad de México.- La comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, propuso redoblar esfuerzos para completar en tiempo y forma la armonización de las leyes locales con la Ley General de Transparencia.
Aseguró que es indispensable dar un nuevo impulso al diálogo, la negociación y la voluntad política necesaria para lograr que los mexicanos cuenten con una legislación que garantice el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales.
Al participar en la inauguración de la Gira por la Transparencia en Sinaloa, una iniciativa impulsada por el INAI y el Senado de la República para promover la armonización legislativa, Puente de la Mora expuso que a 70 días de que venza el plazo establecido en la Ley General para la armonización, sólo seis entidades han reformado su ley: Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Querétaro, Tabasco y Oaxaca.
“En este sentido, en el INAI, que me honro en presidir, celebramos el hecho de que, en seguimiento del espíritu vanguardista en materia de transparencia, Sinaloa cuente ya con una propuesta de iniciativa para la armonización de la ley local en estos preceptos establecidos por la Ley General”, sostuvo.
Ximena Puente refrendó el compromiso del INAI de hacer un acompañamiento para que la iniciativa de ley de Sinaloa y las de las otras entidades federativas pendientes se aprueben en los mejores términos y condiciones, a fin de que los mexicanos cuenten con un piso mínimo de derechos en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, expresó la voluntad de todos los actores políticos del estado para armonizar la ley y anunció que en las próximas dos semanas el Congreso revisará y, probablemente, aprobará la iniciativa.
“Tener acceso a la información es un derecho de la sociedad, un derecho que debemos defender todos, y quienes hacemos uso de recurso públicos tenemos la obligación de ser transparentes; es una necesidad de la política y de la democracia”, subrayó.
A su vez, Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, aseguró acrecentar los estándares de transparencia del sistema político es una condición ineludible para renovar la confianza de la gente en sus autoridades.
“Estamos conscientes de la trascendencia que tiene para la vida pública del estado de Sinaloa el cambio de paradigma para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión de gobierno, pero, sobre todo, para evitar que las instituciones se refugien en la opacidad”, enfatizó.
Rosa del Carmen Lizárraga Félix, comisionada presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip), planteó que la Comisión se ha manifestado no por reformar la ley estatal sino por crear un nuevo marco normativo que garantice el acceso a información de calidad.
“Ese es el enorme reto que tenemos en Sinaloa; el reto de armonizar una norma que llegue al ciudadano y que le beneficie para ejercer este derecho humano que es el acceso a la información, de una manera más ágil y de mayor calidad”, precisó.
Sergio Torres Félix, presidente municipal de Culiacán, señaló que se trabaja conjuntamente con el gobernador, los otros niveles de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, para mejorar los niveles de transparencia y garantizar el acceso a la información pública que demanda los ciudadanos.
“Queremos que los ciudadanos sepan en que estamos invirtiendo, en qué estamos gastando, cómo lo estamos haciendo, cómo están quedando las cosas que estamos haciendo desde el gobierno, porque lo que administramos y aplicamos son recursos públicos”, indicó.
En el acto inaugural participó el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford; los diputados locales Sandra Judith Lara Díaz, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, y Marco Antonio Irizar Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; así como los comisionados de la Ceaip, Ana Martha Ibarra López Portillo y Tomás Medina Rodríguez.
Posteriormente, el comisionado Guerra Ford participó en el panel “Armonización normativa y retos en materia de transparencia y acceso a la información pública en Sinaloa”, en el que planteó al Congreso del estado elaborar una nueva ley de transparencia, más allá de reformarla, debido a la gran disparidad que presenta con las disposiciones de la legislación general.
Recordó que Sinaloa fue el primer estado en contar con una ley de transparencia, “ustedes llegaron primero, pero al paso del tiempo muchas leyes fueron surgiendo o se han ido reformado y esto ha hecho que el caso de Sinaloa se haya quedado rezagado, de alguna forma, en términos normativos”.
Sin embargo, el comisionado Guerra señaló que el proceso de armonización representa una oportunidad para que el estado pueda contar con una ley de vanguardia.
Al presentar un análisis comparativo de las disposiciones de la ley estatal y la general, expuso que entre los principales puntos a considerar para armonizar la norma, se encuentra la incorporación fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos o ejerza actos autoridad, como sujetos obligados directos.
Asimismo, advirtió que la nueva ley no podrá contener más causales de reserva que las previstas en la legislación general, porque al hacerlo se estaría violando el principio por persona, establecido en el artículo primero de la Constitución.
Enfatizó que la causal de reserva por seguridad estatal no es procedente y, desde el punto de vista del INAI, es inconstitucional.
