Ireira Tavira G.
Marco Antonio Morales Gómez fue designado, por el congreso mexiquense, por segunda ocasión consecutiva y para cuatro años más, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Luego de un procedimiento que fue acordado por la Comisión respectiva en la LVIII Legislatura y que inició desde el 23 de octubre, el pleno de la cámara local lo concluyó en medio de una votación que fue seguida de cuestionamientos por parte de algunos legisladores del PRD, PT y PAN. La votación final fue de 45 votos a favor de Morales Gómez y 23 en contra; sin dejar de señalar que en la sesión solamente había 67 de los 75 diputados que la integran.
Es importante mencionar que en este ejercicio, la Comisión legislativa ex profesa realizó una serie de entrevistas con cada uno de los aspirantes a ocupar dichos cargos, a quienes se les cuestionó y se les pidió expusieran sobre los retos de este organismo, las políticas públicas para reducir violaciones a las garantías básicas entre particulares, propuestas para fortalecer la protección de los derechos fundamentales de mujeres, indígenas y menores de edad, para incluir al ciudadano en la toma de decisiones de las políticas públicas del ramo, y el método para hacer eficiente sus funciones.
Así, y de acuerdo con el formato aprobado, la diputada María de Lourdes Aparicio Espinosa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LVIII Legislatura estatal, presidió las entrevistas previas a los aspirantes a ocupar la presidencia de este organismo: Guillermo Calderón Vega, Marco Antonio Morales Gómez, Edgar Cruz Martínez, Luz María Islas Colín y Mabel Eugenia Morales Hernández.
En la misma sesión plenaria, los legisladores aprobaron el nombramiento de Luz María Consuelo Jaimes Legorreta y Martha Domenica Naime Átala como consejeras ciudadanas, a quienes se les tomó la protesta legal y por lo que a partir del martes 29 entraron en funciones.
Los legisladores Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática; y Alfonso Bravo Álvarez Malo, del Partido Acción Nacional, coincidieron en exigir la reposición del procedimiento pues aseguraron que se había violado la cláusula del voto secreto para la designación de nombramientos que mandata la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, además, contaban con pruebas de la presunta pasividad del ombudsman mexiquense en los temas de feminicidios, abusos de poder y conflictos sociales.
En sentido contrario, la presidenta de la Comisión, María de Lourdes Aparicio Espinosa, informó que de las 20 asociaciones civiles e instituciones académicas que fueron consultadas por los diputados locales para designar al comisionado de Derechos Humanos en el Estado de México, 17 impulsaron la ratificación del actual ombudsman mexiquense, dos más consideraron que se debe elegir a Guillermo Calderón de la Vega y una escuela determinó no proponer a nadie.
En defensa del dictamen y cuestionando a los detractores, el diputado Armando Corona Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, criticó a quienes expresaron “avergonzarse” de pertenecer a la Legislatura estatal, y recordó que fueron los mismos diputados quienes establecieron las reglas para la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, repudiando a quienes después de votar una ley todavía ocupan la tribuna para alegar y protagonizar.
