- La Unidad Jurídica y Consultiva estará atenta para orientar a las autoridades locales que lo requieran
Toluca, México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, revisará los 125 Bandos Municipales 2016 promulgados este 5 de febrero por cada gobierno local a fin de verificar si acataron la Recomendación General 01/2016, donde se solicita no sancionar como infracciones administrativas, conductas delictivas ya tipificadas en el Código Penal.
Jesús Gabriel Flores Tapia, director de la Unidad Jurídica y Consultiva, explicó que cada ayuntamiento tiene un plazo de cinco días hábiles posteriores a la publicación del Bando respectivo, para remitir copia certificada del documento a la defensoría de habitantes y ésta realice el análisis correspondiente.
Cabe mencionar que las recomendaciones generales que emite la Codhem, tienen la finalidad de promover el mejoramiento de las prácticas administrativas encaminadas a una mejor protección y defensa de los derechos humanos.
Flores Tapia indicó que personal de la Unidad Jurídica estará atento a cualquier requerimiento o consulta para brindar orientación a las autoridades municipales que lo soliciten y afirmó que la misión de la recomendación es preventiva, para evitar la invasión de competencias y la inseguridad jurídica para los ciudadanos, agregó.
Dijo que el objetivo es promover el respeto a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, a través de la mínima armonización entre los bandos de los municipios de la entidad y el Código Penal estatal.
Cabe recordar que en los bandos municipales no se deben incluir como infracciones administrativas conductas delictivas como expender bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas a menores de edad; vender, difundir o exhibir películas, revistas o demás material con contenido pornográfico a menores de edad; ejercer violencia doméstica o familiar; portar objetos que puedan ser considerados peligrosos, como cadenas, palos, bates, gas lacrimógeno, y punzocortantes; agredir de palabra o de hecho a instituciones públicas o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; causar daños a bienes de los particulares; y solicitar mediante falsas alarmas, los servicios de policía, bomberos o de atención médica y asistencia social, ya que están previstos en el Código Penal.
