De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por “Estado de derecho” se entiende aquel estado cuyos diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de derecho alude a aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por el derecho.
En ese sentido, el Estado de derecho contrasta con todo poder arbitrario y se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto o totalitario.
Aun cuando existen antecedentes sobre la idea del “Estado de derecho” desde los griegos y los romanos en la antigüedad, puede afirmarse que correspondió al alemán Roberto Von Mohl utilizar por primera vez tal expresión -Rechtsstaat-, en su sentido moderno, durante el tercer decenio del siglo pasado.
No obstante, en el presente siglo la idea del Estado de derecho clásico, individualista y liberal, ha evolucionado hacia lo que se ha llamado “Estado social de derecho” con el objeto de adaptar las estructuras jurídicas y políticas a las nuevas necesidades del desarrollo técnico, social, económico, político y cultural. Con esta nueva concepción se pretende superar las deficiencias del individualismo clásico liberal, caracterizado por el abstencionismo estatal, a través del reconocimiento y tutela de ciertos derechos sociales. Así, el Estado social de derecho se caracteriza por su intervención creciente en las actividades económicas, políticas, sociales y culturales con un Ejecutivo fuerte, pero controlado, para coordinar y armonizar los diversos intereses de una comunidad pluralista y en el que se redistribuyen los bienes y servicios en busca de la justicia social. Bueno, hasta aquí, eso es lo que nos dice la teoría y la doctrina jurídicas. Pero como dice la vox populi: del dicho al hecho hay mucho trecho.
En efecto, a nivel nacional vemos claramente que el gobierno de la 4T ha quedado rebasado ante la pandemia mundial del coronavirus, que no es más que la gota que derramó el vaso, ya que el fracaso del INSABI ya había quedado evidenciado desde antes. En los hechos el Estado, en manos de MORENA, ha dejado de reconocer el derecho social a la salud de todos los mexicanos. A nivel estatal, sólo citaré dos casos: en el Estado de México el gobernador Alfredo Del Mazo, obedeciendo la directriz presidencial, condena a la hambruna al campo mexiquense al negarle a los campesinos organizados en Antorcha el apoyo del fertilizante que se les venía proporcionando, anualmente, desde hace más de diez años. Y, en Puebla, el atropello burdo y descarado del Estado social de derecho por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta al imponer a sus incondicionales en el órgano estatal electoral para negar arbitrariamente, sin fundamento legal y a pesar de haber cumplido sobradamente con los requisitos, el reconocimiento de un nuevo partido político: el Movimiento Antorchista Poblano (MAP). No es de extrañar que el Sr Barbosa esté calificado por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL) como el peor gobernante que ha tenido Puebla, lo cual ha provocado que actualmente el estado se encuentre entre los 5 más pobres del país y que en lo que va de su administración la inseguridad haya aumentado en más del 30%.
Pero además y por si no fuera suficiente con las burdas maniobras con las que ha torcido la Ley para hacer prevalecer sus intereses políticos, también se ha dedicado a amenazar a la dirigencia Antorchista poblana e incluso al Ing. Aquiles Córdova Morán. Asimismo han circulado en diferentes medios del periodismo estatal que “se están prefabricando delitos” en contra de nuestros compañeros dirigentes.
Desde esta humilde trinchera sepan todos los prevaricadores de la política que el Movimiento Antorchista Nacional hará valer, tope donde tope, los derechos constitucionales que emanan de nuestra Carta Magna. Que conste.
