- Suman ya 110 los participantes del Tribunal de Tratamiento de Adicciones en toda la entidad.
El Oro, México.- Alberto “N” originario de Querétaro, fue detenido en un operativo policiaco por delitos contra la salud a inicios de 2018 en Atlacomulco, cuando volvía de ver a su novia que vive en la capital mexiquense y le fue encontrada una cantidad de marihuana encima de lo permitido por la ley, iniciando un proceso judicial en su contra.
Una vez vinculado por dicha conducta ilícita, le hablaron del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) en el Distrito Judicial de El Oro y aceptó someterse a una serie de condiciones, entre ellas, cambiar su residencia de la ciudad de Querétaro a Celaya, Guanajuato para evitar que se reuniera con el grupo de personas con quienes consumía sustancias psicoactivas y alcohol, para así continuar sus estudios de ingeniería en sistemas de manufactura.
Luego de 11 meses de tratamiento y traslados desde Querétaro y Celaya a El Oro, un juez especializado en el TTA de este distrito judicial dictó el auto de sobreseimiento y dio por extinguida la acción penal en su contra, por lo que el representante de la Fiscalía General de Justicia le hizo entrega de su Carta de Antecedentes no Penales.
Desde su implementación en 2014, este Tribunal ha tenido 110 participantes, más del 60 por ciento ya lograron su reinserción social a través del trabajo coordinado del Poder Judicial del Estado de México con las secretarías de Seguridad, Salud y Justicia y Derechos Humanos, indicó el juez comisionado del TTA en el Tribunal mexiquense, José Alfredo Cedillo González.
El juzgador especializado indicó que actualmente este programa de justicia terapéutica está presente en nueve de los 18 distritos judiciales de la entidad, por lo que el Poder Judicial buscará expandirlo a todo el territorio mexiquense para brindar una segunda oportunidad de reinserción social a quienes cometen delitos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
El TTA es un mecanismo de justicia alternativa que permite que una persona que cometió un delito no calificado como grave, bajo el influjo de alguna droga legal o ilegal o con el fin de obtener recursos para su adquisición, se someta a un tratamiento contra las adicciones, en lugar de la imposición de una pena privativa de libertad.
