Toluca, México.- Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial anunciaron una iniciativa conjunta de reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México, porque «queremos dar una muestra clara de que juntos podemos transformar la seguridad de nuestro estado», sostuvo el diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), en nombre de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la LVIII Legislatura mexiquense.
Con el propósito de mejorar la depuración de los cuerpos policíacos, fue firmada por el presidente de la JCP, diputado Aarón Urbina Bedolla; el gobernador, Eruviel Ávila Villegas, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Baruch Delgado Carbajal, como testigo de honor.
Ulises Ramírez destacó que en el Poder Legislativo, haciendo a un lado ideologías y colores partidistas, “vamos de la mano con el mandatario mexiquense, vamos codo con codo, y queremos dar una muestra clara de que juntos podemos transformar la seguridad de nuestro estado. Así que no solamente vamos a pensar en grande, como usted, vamos a actuar en grande”.
Expresó que los legisladores locales asumen el compromiso de analizar, discutir y aprobar la iniciativa lo antes posible, por lo que anunció que se convocará a un Periodo Extraordinario de Sesiones de la Legislatura local.
Detalló que, en una reunión con el propio gobernador y su gabinete, se acordó que la JCP evaluará a las dependencias que deban cumplir con esta nueva legislación, por lo que serán convocados los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como los presidentes municipales “para que asuman a cabalidad, con prontitud y con toda responsabilidad” este nuevo ordenamiento.
Ante los legisladores Héctor Miguel Bautista López (PRD), Víctor Manuel Estrada Garibay (Nueva Alianza), Alejandro Agundis Arias (Verde Ecologista) e Higinio Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano), vicepresidente, secretario y vocales de la JCP, respectivamente, el gobernador Eruviel Ávila resaltó que ésta es la primera iniciativa conjunta que presentan los tres poderes de la entidad, lo que demuestra que la seguridad es un asunto que atañe a todos y que asumen con responsabilidad.
“En el Estado de México estamos unidos los tres poderes del estado, el Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo, sus instituciones, el poder público municipal, para combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad, que son los delincuentes”, enfatizó.
Subrayó la disposición de la Legislatura para analizar, y, en su caso, aprobar la iniciativa, la voluntad de los titulares de la SSC y la Procuraduría mexiquense, así como de los 125 municipios, toda vez que “la gente requiere y merece una policía profesional, que esté de su lado, que sirva a la población y no que se sirva de la población”.
El Estado de México, agregó, será una de las primeras entidades que apruebe una iniciativa con estas características, al tiempo que reconoció el seguimiento y supervisión que dará la JCP en cuanto al proceso de depuración policíaca, ante lo que manifestó la total disposición y facilidades por parte del Ejecutivo.
La iniciativa establece los supuestos de incumplimiento en los que pudieran incurrir los responsables en materia de seguridad y procuración de justicia, así como las sanciones cuando uno de los servidores públicos omita solicitar al Centro Estatal de Control de Confianza las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia de los elementos policiales o servidores públicos que corresponda.
También, cuando omita verificar que los elementos policiales o servidores públicos subsanen las restricciones señaladas en las evaluaciones aprobadas en estos términos; cuando no soliciten a la Comisión de Honor y Justicia competente la instauración del procedimiento correspondiente en contra del elemento policial o servidor público que no haya aprobado las evaluaciones de control de confianza, y cuando no ejecute o supervise la ejecución de la remoción impuesta con motivo de la resolución correspondiente a los elementos de la institución policial y a los servidores públicos que no hayan aprobado las evaluaciones.
Estas conductas, implicarán, de acuerdo con la propuesta, sanciones económicas, suspensión del empleo sin goce de sueldo o, incluso, la destitución, dependiendo de la gravedad de la misma.
