- El Ombudsman dictó una conferencia en el CU Texcoco de la UAEM
Texcoco, México.- El fomento de la cultura de los Derechos Humanos perfecciona la convivencia entre jóvenes y la ciudadanía en general, aseveró Marco Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Ante alumnos del Centro Universitario Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México, Morales Gómez habló sobre las reformas a la Constitución federal en materia de derechos humanos, enfocadas a su reconocimiento, es decir, darles más peso y no sólo garantizar los derechos de las personas.
Morales Gómez hizo un llamado a los universitarios a hacer suyos los derechos, sin olvidar que también tienen deberes, por el bien propio y de quienes los rodean, ya que esto les permitirá lograr una relación de respeto y sobre todo, construir un entorno para su pleno desarrollo.
Asimismo, indicó que el derecho humano por excelencia es la dignidad del hombre, el cual no es negociable y para su defensa, protección y custodia deben encaminarse todos los esfuerzos en la materia.
Acompañado de directivos de la Máxima casa de estudios mexiquense, el ombudsman calificó como un acierto la inserción de la materia de Derechos Humanos en la educación, derivado de la Reforma de 2011, ya que el tema estará inmerso en los programas de estudio de las instituciones educativas de los diversos niveles.
Sin importar la especialidad en la que esté incorporada la materia de derechos humanos, dijo, deben establecerse acciones relacionadas con la máxima publicidad del tema, en beneficio de la convivencia, el razonamiento y en particular, del trato que debe obtener la persona por parte del Estado.
Explicó los beneficios que conlleva la reforma tanto para los organismos autónomos como para la ciudadanía en general, de manera directa e indirecta, garantizando el pleno respeto a los derechos de las personas, con el cambio de denominación del Capítulo I donde se refiere a estas prerrogativas como “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, con lo que ahora el Estado no otorga, sino reconoce los derechos fundamentales; además de otorgar plena autonomía de gestión a las comisiones estatales.
