Por: Antonio Zacarías
Sin lugar a dudas, el ciclo escolar 2019-2020 ha estado lleno de dificultades. Por un lado, maestros y estudiantes regresaron a las aulas para encontrarse con los carencias de siempre; es decir, los docentes y sus educandos llegaron a los salones de clase y se encontraron con que los grupos están saturados, que los maestros atienden grupos de hasta 60 niños o jóvenes.
Una vez más hallaron que, las aulas -muchas construidas con materiales provisionales-, contaban con mobiliario que, además de ser deficiente, las bancas han sido reparadas “n” veces para ser usadas, “n” veces, y era insuficiente, es más que hay alumnos que deben de llevar su propia banca si es que quieren tener donde sentarse.
Encontraron, otra vez, que las escuelas no tienen computadoras, son obsoletas o que son insuficientes; es más, es un sin sentido que las clases de computación sean sin computadoras y sin internet. Los laboratorios de las secundarias y preparatorias no cuentan con materiales, ni reactivos ni instrumental; es decir, las clases de química, de biología o de física, nunca son experimentales a los sumo son, en el pizarrón y con “monografías”.
Todas estas carencias se explican porque la inversión en educación es insuficiente porque el gobierno federal solo destina el 4.8% del PIB y, del total del presupuesto destinado a la educación, solo el 2.5% se utiliza para construir y equipar las escuelas. A pesar de las enormes carencias que viven las escuelas, el ejecutivo federal prefirió desaparecer el “ramo 23”. Con esa decisión sepulta la posibilidad de que las escuelas resuelvan las múltiples carencias que experimentan. ¿Qué política debería de implementar el gobierno federal para abatir el rezago educativo en infraestructura?
En contraste y, como siempre nos encontramos con el gigantesco esfuerzo que hacen los docentes para lograr el aprendizaje y desarrollo de capacidades y habilidades de los estudiantes. Si el sistema educativo nacional no colapsa, es gracias a los ingentes esfuerzos que hace el magisterio.
Por otro lado, los maestros se encontraron con las limitantes económicas de los padres de familia: antes del inicio de la pandemia, el INEGI reportó 2 millones de desempleados, situación que sin lugar a dudas impacta de forma negativa en la educación pues los padres de familia, al no tener trabajo o teniéndolo con pobrísimos salarios, mandaron a sus hijos con útiles escolares incompletos, sin uniforme, con los zapatos rotos -lo que a la postre provoca pésimos resultados en la calidad educativa-, sin desayunar, sin una torta y sin dinero para comer en el recreo.
De acuerdo con el CONEVAL, más de 25.5 millones de habitantes no pueden cubrir sus necesidades alimentarias. Ante esta situación, muchos docentes optaron por ayudar a sus educandos: regalándoles una libreta, un lápiz o los colores, obsequiándoles una torta o un par de zapatos; todos estos gestos nobles y loables son verdaderas muestras de amor de los profesores hacia sus estudiantes. Desafortunadamente estas carencias se acentuarán aun más, pues se estima que la crisis provocada por el Covid-19 ha dejado sin ingresos a 12.5 millones de personas. ¿Qué política debería de implementar el gobierno federal para combatir la pobreza en la que viven las familias mexicanas?
Desde antes de su llegada a la presidencia, López Obrador afirmó que con la implementación de los programas de trasferencias monetarias directas, la calidad de vida de los mexicanos se modificaría sustancialmente; sin embargo, la realidad que viven las familias contradice contundentemente las afirmaciones presidenciales. Pero no ha sido así: se incrementó en el número de pobres, se ha reducido drásticamente la calidad de vida de las familias y se ha elevado índice de violencia e inseguridad.
Para combatir eficazmente las profundas desigualdades económicas y sociales de las que son victimas millones de mexicanos, se requiere una política que distribuya correctamente la riqueza. El rezago en materia educativa solo se ha de resolver si el gasto social se reorienta; es decir, solo invirtiendo recursos en obras y servicios, solo invirtiendo recursos suficientes en infraestructura y equipamiento se resolverán las necesidades de las escuelas. La pauperización que sufre la gente se ha de combatir si el gobierno impulsa una política que dé trabajo a toda la población en edad de laborar y junto con ello el gobierno debe impulsar un verdadero aumento salarial, aumento que sí permita que las familias cuenten con los recursos para alimentarse, vestirse, tener techo, educarse, curarse, etc.
Solo la instrumentación de un modelo económico que impulse las medidas antes señaladas, podrá mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano. Ese modelo económico es el que propone el Movimiento Antorchista. Para poder implementarlo, el pueblo debe de tomar el poder de la nación a través del voto popular y con el gobierno de la república en sus manos impulsar las políticas necesarias para sacar de la pobreza que tanto lastima a los mexicanos.
