- Si el procurador mexiquense incurrió en actos de acción u omisión dentro de las indagatorias, debe fincársele responsabilidad: Osmar León Aquino
- Que se investigue y sancione a quienes se adelantaron a dar sus propias versiones para deslindar responsables: Xóchitl Arzola
Toluca, México.- No será dando carpetazo mediático por parte del gobernador mexiquense, ni consignando a tres militares, como el caso Tlatlaya se dé por terminado, pues debe fincárseles responsabilidad a quienes cambiaron la versión de lo sucedido, a los que manipularon la escena de los hechos y a las autoridades que se adelantaron a toda investigación para señalar que se trató de un enfrentamiento, descalificando de antemano lo ocurrido.
Así lo señalaron por separado la diputada Xóchitl Arzola Vargas y el Secretario de Organización del PRD-Edomex, Osmar León Aquino, quienes precisaron que la misma organización internacional Human Rights Watch, aseguró que la consignación por homicidios de tres militares, generó aún más dudas.
A esos señalamientos, hay que agregarle que este miércoles, el gobernador del estado de México anunció que no hablará más del caso Tlatlaya, y sólo aportará la información requerida por las autoridades, no obstante que se está hablando de un posible fusilamiento de 22 personas.
Lamentable sería que no se fincara responsabilidad o no se les hiciera juicio político a aquellos quienes en su momento, bajo circunstancias que sólo ellos conocen o por otros intereses, dieron su propia versión adelantando que se trató de un enfrentamiento, agregó la diputada Xóchitl Arzola y Osmar León Aquino.
Subrayaron que entre esos personajes, se encuentra el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, quien al ser cuestionado sobre lo ocurrido el 30 de junio, irresponsablemente adelantó que basado en peritajes, evidencias y testimonios recabados “hasta ahora, todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”.
Quien también debería ser cuestionado sobre sus anticipadas y deslindantes declaraciones, es Alejandro Jaime Gómez Sánchez, procurador del Estado de México, quien al ser cuestionado sobre la posibilidad de un fusilamiento en Tlatlaya, aseguró que los peritajes confirmaban un intercambio de disparos entre el Ejército y las personas que resultaron muertas.
Incluso involucró al Ministerio Público del Fuero Común, cuyas diligencias, aseguró, apuntan a que “no hay indicios que haga presuponer o que haga pensar en la posible ejecución, en el posible fusilamiento al que se hace referencia en medios de comunicación”.
Es decir, también habría que investigar cómo y quiénes llevaron a cabo esas indagatorias que desde ese momento descalificaban cualquier otra situación, menos un “uso excesivo de la fuerza”, tal y como lo calificó Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), tras la acusación de homicidio en contra de tres militares involucrados en el caso Tlatlaya.
Cualquier otro actor que intervino en las indagatorias, manipulación de versiones o en el lugar de los hechos y que se adelantaron a las investigaciones con la finalidad de deslindar a los culpables, debe fincársele responsabilidad, desde el procurador mexiquense hasta ministerios públicos o cualquier otro, concluyó la diputada Xóchitl Arzola Vargas y el Secretario de Organización del PRD-Edomex, Osmar León Aquino.
