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Sedatu prometió subsidio para vivienda, pero hace negocio

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Por: Laura Castillo García, Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México

Desde hace 20 años, el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, inició un proceso de desarrollo que lo ha llevado a ser uno de los que tiene mejor infraestructura del oriente mexiquense.

Y no me refiero solo a la infraestructura instalada durante estos años para que todos sus habitantes gocen de servicios básicos como agua potable, drenaje, luz eléctrica y alumbrado público; también cuenta con una amplia infraestructura de salud, cultural y deportiva que está a la disposición de todos los chimalhuacanos.

Antes del año 2000, Chimalhuacán fue calificado como el municipio urbano más pobre y marginado por autoridades estatales; ahora es el más desarrollado de la zona oriente del Estado de México gracias a que desde el año 2000 está en manos de militantes del Movimiento Antorchista Nacional que lo único que buscan es que los mexicanos más humildes accedan a mejores condiciones de vida. Por su trabajo constante, ahora los chimalhuacanos gozan de 29 centros de salud de diferentes especialidades, guarderías y casas de día para adultos mayores; de 131 instalaciones deportivas, incluidas una alberca semiolímpica y una olímpica; dos casas de la cultura y dos teatros. Y, en el terreno educativo, donde había muy pocas escuelas porque los maestros no querían dar clases en medio del lodo, polvo y suciedad, ahora tienen 701 escuelas de diferentes niveles, entre las que se encuentra la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Sin embargo, sus habitantes no tienen oportunidad de tener una vivienda digna porque la mayoría de la población no tiene empleo formal y menos ingresos superiores a los 15 mil pesos como para acceder a créditos para la construcción o adquisición de viviendas construidas. Por eso, 30 mil familias siguen habitando viviendas construidas con materiales de deshecho y reducidas para el número de miembros de las familias, que en promedio es de 8, lo que genera hacinamiento, falta de privacidad, violencia intrafamiliar y hasta enfermedades mentales, pues la ansiedad y la depresión se desarrollan con mayor facilidad por las precarias condiciones en las que viven.

La situación de vivienda en el municipio en Chimalhuacán, pues, es tan grave, que el pasado mes de febrero, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, informó al presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, que Chimalhuacán sería parte de las 100 ciudades que integrarían el programa de mejoramiento de barrios y viviendas; que la Sedatu aplicaría 36 millones de pesos en vivienda y que el subsidio federal sería al 100 por ciento. Pocos días después, el municipio le entregó una lista de 440 familias que serían las beneficiadas. A pregunta expresa, el secretario de la Sedatu aseguró que, en esta ocasión, ni el gobierno municipal ni la gente tendrían que aportar ni solo un centavo porque todo lo absorbería la federación, a fin de “cubrir las necesidades de la población prioritaria”.

Muy bello para ser verdad ¿no creen? En efecto, finalmente salió el peine: a pocos meses del anuncio, la Sedatu y Román Meyer pretenden hacer llegar ese “subsidio” a través de empresas privadas denominadas “entidades ejecutoras”, que en realidad son constructoras o financieras privadas, que lucran con el programa de vivienda, pues lo que realmente pretenden es hacer negocio: pretenden que dichos “apoyos” se conviertan en créditos que los beneficiarios paguen a largo plazo y con altos intereses, los cuales, como quedó asentado líneas arriba, no pueden adquirir los chimalhuacanos.

Dichas “entidades ejecutoras” plantean las cosas de la siguiente manera: el corporativo JOZUMA, apoyado por la Sedatu, ofrece el subsidio federal de $93,440 pesos, pero el beneficiario debe aportar $23,000 pesos para el pago del crédito, los intereses y gastos de operación, entre otros. Además, deben pagar la mano de obra por 47 mil pesos. En total, el beneficiario pagaría 70 mil pesos por un pie de casa cuyo costo asciende a 162 mil pesos, cuando en el sexenio federal pasado, solo pagó 16 mil pesos.

Aún más. Una persona que dijo pertenecer a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) realizó visitas selectivas a algunos de los beneficiarios y les ofreció el programa, pero a cambio de que le entregaran 500 pesos en efectivo, abrieran una cuenta bancaria con tres mil pesos y ¡que se afiliaran a Morena!

Como se comprenderá, ni el alcalde de Chimalhuacán ni los “beneficiarios” están dispuestos a que se haga negocio con ellos y, por tanto, no están dispuestos a pagar el 43 por ciento de una vivienda que se les ofreció como gratuita, simple y sencillamente porque no cuentan con ese dinero.

Los chimalhuacanos, quienes durante 20 años han luchado para hacer de su municipio un lugar de progreso, a pesar de la pandemia nuevamente se levantan para exigir que el gobierno federal cumpla su promesa y apoye con vivienda subsidiada a 440 familias de las más necesitadas del municipio pues solo así podrán acceder a una mejor calidad de vida. Por eso, continuarán sus manifestaciones frente a la Sedatu y al Palacio Nacional.