Aquiles Córdova Morán
Cero y van dos. El domingo 6 de los corrientes, en el portal de noticias Contralínea.com, apareció un segundo artículo sobre la situación en Huitzilan de Serdán, municipio indígena de la Sierra Norte de Puebla, firmado por Carlos A. Ventura Callejas y Asminda Navarro González, el primero “colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria” y la segunda “abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México”, según el portal referido.
Esta vez la denuncia se centra en las “violaciones graves a los derechos humanos” que comete Antorcha Campesina. De sintetizar en el primer párrafo los supuestos crímenes que denuncian en un lenguaje abstruso y grandilocuente, pasan a explicar que el viejo concepto de que los derechos humanos sólo pueden ser violados por los gobiernos o por los órganos del poder público ha quedado superado, y que hoy se admite que personas o grupos no gubernamentales pueden ser imputables de tal delito si se prueba que actúan por órdenes o bajo la protección de algún funcionario o de algún gobierno. Por tanto, pues, Antorcha Campesina es imputable también en este terreno.
No voy a discutir si esto es cierto o no; ni tampoco si es correcto y justo o no el nuevo enfoque. Lo esencial para mí es conocer de qué se acusa a Antorcha Campesina, qué pruebas se aportan para sustentar las acusaciones para poder defendernos mejor en caso necesario. Por esta razón, y porque la lógica del plan general del artículo así lo exige, me lancé ávidamente sobre los párrafos inmediatamente posteriores esperando encontrar allí, formulados de manera puntual y bien respaldados con la jurisprudencia del caso, los terribles crímenes cometidos por los antorchistas en contra de los indefensos indígenas de Huitzilan de Serdán. Pero sólo encontré formulaciones vagas, chapuceras extensiones arbitrarias de la parte al todo, palabras altisonantes y apantalladoras pero huecas y una mezcla también tramposa de delitos de un tipo con delitos de naturaleza distinta para apuntalar los primeros. He aquí algunos ejemplos importantes. Según el artículo, las comunidades huitziltecas “son objeto constantemente de violaciones a sus derechos humanos por parte del grupo particular denominado Antorcha Campesina, quienes tienen presencia política importante en la región y regularmente usan las agresiones, amedrentamientos y ataques físicos contra las y los habitantes…” ¿Quiénes son en concreto los agredidos, sean comunidades o ciudadanos? ¿Quién respalda estas acusaciones? ¿Cómo, cuándo y dónde se han cometido tales atropellos? No se dice; pareciera que la idea es que todo debe aceptarse como artículo de fe y nada más. ¡Momento! Hay una prueba irrefutable y es ésta: “todo ello a decir de las personas que allí habitan”. ¿Todas a coro? ¿No hay voces individuales que den la cara y se hagan responsables de sus aseveraciones? ¿No es esto una chapucería muy gastada para hacer pasar por verdad demostrada lo que es una simple acusación sin fundamentos? “De acuerdo con la documentación realizada (¿qué documentación es ésa?) y con el testimonio de miembros de las comunidades indígenas afectadas (¿Qué miembros? ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Qué es lo que da a su palabra el valor de verdad incontestable?), Antorcha Campesina (…) ejerce presión sobre comunidades enteras (¿Sí? ¿De veras? ¿Enteritas, sin faltar un solo ciudadano?), y hoy se sabe que también es una de las estructuras más poderosas afiliadas a algunos partidos políticos…”, como el PRI por ejemplo (¿es acaso un delito pertenecer a un partido reconocido por la ley?) que, por esa misma fuerza política, sus miembros son protegidos por las autoridades y sus delitos “quedan en total impunidad”. Preciosa explicación pero, desgraciadamente, es lo mismo que poner la carreta delante de los bueyes porque, para que haya protección dolosa, primero debe demostrarse la culpabilidad del protegido y eso es precisamente lo que yo afirmo que no hacen los autores del artículo.
Es muy preocupante la “violencia física y sicológica de que han sido objeto” las y los huitziltecos por parte de Antorcha, dicen. “Por ejemplo, añaden, en 2003, se denunciaron los homicidios de más de 150 indígenas en este municipio y del municipio de Xochitlán de (Vicente) Suarez, en poco más de 3 décadas;…” “Se denunciaron”, dicen los señores investigadores. ¿Quiénes denunciaron? ¿Contra quiénes fueron las denuncias y qué pruebas aportaron los denunciantes? Aparte de esta falta de precisión, resalta el absurdo de querer probar el delito de violación a los derechos humanos con acusaciones de homicidio (cuya autoría tampoco se demuestra), que es un delito del fuero común. Cabe aclarar aquí que esos asesinatos sí existieron, aunque se desconoce su número exacto, que todos fueron cometidos en Huitzilan de Serdán y que todos han sido objeto de denuncias en tiempo y forma ante las autoridades competentes, algunos de ellos precisamente por los antorchistas de Huitzilan, sin que hasta hoy se haya llegado al fondo del asunto. La causa es sencilla: esos crímenes fueron ordenados y financiados por los caciques enriquecidos con el sudor de los indígenas de Huitzilan, y fueron ejecutados por la gavilla de matones llamada en otros tiempos la UCI (Unión Campesina Independiente) cuyos restos y nuevos adeptos, bajo otros nombres y partidos, son los que acusan a Antorcha y los que informan a los investigadores de Contralínea. Y ha sido la protección mediática de que gozan esos criminales lo que ha paralizado la mano de la justicia poblana; pero en Huitzilan, en la zona y aun en el estado, todos conocen la identidad de los asesinos y no los engañarán reportajes amañados como el que comento.
Sigue el artículo: el 89% de los huitziltecos son indígenas nahuas (sic) “a quienes se les discrimina de manera recurrente, no se les escucha ni respeta”; acusan que hasta hoy no se haya abierto proceso a los antorchistas ni se les haya “sancionado” junto con las autoridades que los protegen. Y en efecto, ningún antorchista está bajo proceso ni en la cárcel pero no por la protección de nadie, sino porque todas las acusaciones en su contra han sido siempre iguales a las de hoy: sin sustento, sin lógica, sin pruebas de ningún tipo; puras afirmaciones arrogantes hechas abusando del poder mediático o político de quienes las lanzan. Los gobiernos o los miembros de Antorcha, acusa el artículo, impiden que la comunidad se reúna en asambleas comunitarias para discutir sus problemas, “e incluso les impiden reuniones religiosas tradicionales y de mucha importancia”. Como prueba ofrecen el testimonio de un Consejo Ciudadano que ha denunciado en diversas ocasiones las descalificaciones, amenazas y ataques en su contra. No se dice quiénes son sus integrantes, quién los eligió ni a quién representan, y todo se reduce a su pura palabra. Yo ofrezco a los dos articulistas que, si desean ver y oír a la verdadera comunidad reunida y conocer su opinión libremente expresada, nomás digan cuándo y las autoridades de Huitzilan los complacerán, garantizándoles absoluta libertad de movimientos y de comunicación con la gente. Así sabremos quién miente y quién dice verdad.
Cierran su trabajo con un verdadero chantaje: amenazan a los gobiernos estatal y federal con acusarlos de complicidad y encubrimiento si no proceden en contra de los antorchistas como ellos demandan en su artículo. ¡Faltaba más! Ellos son la verdad y la ley y aquí se hace lo que ellos dicen. Es de llamar la atención lo bien informados que se muestran sobre los argumentos, acusaciones y denuncias (ante todas las instancias habidas y por haber) de los quejosos y, sobre todo, la milagrosa habilidad de estos indígenas (sometidos, amenazados y amordazados por los antorchistas) para relacionarse con medios importantes de circulación nacional y mundial, que acuden presurosos a su llamado, les creen todo lo que dicen y lo publican como si fuera la verdad revelada. ¿Cómo explicar este prodigio de comunicación a distancia y de acuerdo automático que ya quisiéramos nosotros para un fin de semana? La explicación es obvia: no estamos ante una relación fortuita ni ante un trabajo puramente profesional, sino ante una identidad de principios, intereses y metas; ante un grupo con espíritu de cuerpo y con hilos y nexos ocultos a las miradas extrañas cuyos miembros trabajan en sintonía para empujar la agenda común. Los investigadores aludidos no fueron a investigar nada, sino a cumplir con un deber de solidaridad y apoyo para sus correligionarios. El objetivo parece ser devolver Huitzilan a “sus legítimos dueños”, los caciques y sus pistoleros de la UCI, hoy disfrazados de Consejo Ciudadano y de víctimas de violación a sus derechos humanos, aprovechando la coyuntura electoral para deshacerse de una vez por todas del obstáculo que representa Antorcha Campesina. Vale, pues, repetir el deseo que encabeza este artículo: “¡Que Dios salve a Huitzilan de sus salvadores!”
